Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar si los conflictos que pueden producirse entre usuarios finales de servicios de telecomunicaciones y las compañías operadoras son susceptibles de someterse y resolverse a través de arbitrajes de consumo administrados por las juntas arbitrales de consumo, como en principio parece permitir el art. 38 de la vigente Ley General de Telecomunicaciones.
Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. DELIMITACIÓN DE LA CUESTIÓN. 3. CONFUSO ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS UNIVERSALES DE TELECOMUNICACIONES. 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARBITRAJE DE CONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO 231/2008, DE 15 DE FEBRERO. 4.1. “CONFLICTOS SURGIDOS ENTRE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS Y LAS EMPRESAS O PROFESIONALES EN RELACIÓN A LOS DERECHOS LEGAL O CONTRACTUALMENTE RECONOCIDOS AL CONSUMIDOR”. 4.1.1. CONCEPTO DE CONSUMIDOR. 4.1.2. CONCEPTO DE EMPRESARIO. 4.2. “MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONFORME A DERECHO”. 5. CONSIDERACIONES FINALES, ESPECIALMENTE A LA LUZ DEL RECIENTE REAL DECRETO 899/2009, DE 22 DE MAYO, SOBRE LA CARTA DE DERECHOS DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
Comentarios: Este artículo forma parte de la Revista de la Contratación Electrónica. Número 113. Mayo-Junio 2011.
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